Denver (Colorado) – La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y la ACLU de Colorado permanecer unidos para apoyar las leyes de Colorado diseñadas para proteger los derechos civiles de todos los residentes de Colorado y garantizar que todos los habitantes de Colorado puedan participar en la construcción de comunidades sólidas. Los condados de Douglas y El Paso presentaron una demanda la semana pasada para impugnar dos leyes de Colorado: HB19-1124 y HB23-1100. Estas leyes son crucial para proteger a los habitantes de Colorado de extralimitaciones arbitrarias, detenciones y deportaciones.
Las dos leyes protegen el principio fundamental de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes de nuestro estado. Una amplia coalición de empresas, líderes religiosos y organizaciones comunitarias, a la que se unieron algunos agentes del orden, ayudaron a aprobar estos proyectos de ley.
- HB19-1124 – La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado documentó cientos de historias de habitantes de Colorado que se vieron obligados a ser deportados después de buscar asistencia como víctima o testigo de un delito o haber sido perfilados por las autoridades locales. Las versiones iniciales de la ley se denominaron originalmente “Ley de Virginia”. Virginia pidió ayuda con valentía a las autoridades durante un incidente de violencia doméstica. En lugar de ayuda, su contacto con las autoridades locales y su connivencia con ICE la atraparon en un proceso de deportación.
- HB23-1100 – A lo largo de los años, se han documentado innumerables abusos que han sido perpetuados por ICE, centros de detención privados como el Centro de Detención de Inmigración GEO en Aurora y por agentes del orden que trabajan con ICE. Este proyecto de ley limita las oportunidades para estos abusos al detener la preocupante práctica de las agencias policiales que colaboran con ICE para detener a residentes de Colorado en cárceles locales e impide el establecimiento de nuevos centros privados de detención de inmigrantes. En todo Colorado, esta colaboración ha resultado en desconfianza y miedo entre las comunidades de inmigrantes a la hora de buscar ayuda de las autoridades.
Los funcionarios de El Paso y del condado de Douglas buscan hacer retroceder a Colorado.
Cuando las autoridades locales se confabulan con Inmigración para socavar la protección constitucional contra detenciones y registros injustificados, las personas temen recurrir a las autoridades locales, los delitos no se denuncian y nuestras comunidades sufren. Las ramificaciones son profundas ya que los habitantes de Colorado con largas raíces en nuestro estado son arrancados innecesariamente de sus seres queridos y comunidades. Estas protecciones existentes fortalecen a todo nuestro estado.
El intento de desmantelar estas leyes protectoras no sólo es equivocado sino que inherentemente discriminatorio. Ignora las contribuciones de cientos de miles de habitantes de Colorado, muchos de los cuales han considerado este estado como su hogar durante décadas, contribuyendo a su economía, cultura y tejido social. Los inmigrantes son miembros esenciales de nuestra comunidad, y negarles igualdad de protección ante la ley es injusto e inconstitucional.
Las leyes de Colorado garantizan que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder a la justicia sin temor a castigos desproporcionados o deportación. Afirmamos la dignidad inherente y los derechos de todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio, a participar plenamente en nuestra sociedad. Continuaremos firmes y unidos contra estos ataques miopes y motivados políticamente contra nuestras comunidades de inmigrantes y residentes de Colorado.
Para obtener más información sobre las leyes de protección de inmigrantes, incluidas HB19-1124 y HB23-1100, así como el impacto positivo que estas leyes han tenido en las vidas de los habitantes de Colorado, únase a nuestro seminario web el 6 de mayo a las 6 p.m. Regístrese aquí.